La ciudad de Nueva York decidió desterrar las bandejas plástico en lo que significa un gran paso hacia una mayor sustentabilidad. Así, desde el 1 de julio, los productos de poliestireno de un solo uso quedarán prohibidos en la mayor ciudad de los Estados Unidos.

El gobierno municipal que preside el alcalde Bill de Blasio ha tomado en consideración los estudios del Departamento de Sanidad de la ciudad que han calificado el poliestireno (EPS), en cualquiera de sus dos modalidades – el expandido o el extruido-, como un residuo “tóxico” e imposible de reciclar. No se trata de la primera ciudad norteamericana que adopta esta decisión, pero si es la más poblada, y aquella en la que existe una mayor tradición de consumo de comida rápida y callejera. Se suma a un centenar de localidades, con Washington, Minneapolis, San Francisco, Oakland, Portland, Albany y Seattle entre ellas.

Entre los objetos de este material que no podrán venderse ni utilizarse en los comercios neoyorquinos están las tazas, cuencos platos, recipientes de comida para llevar, cartones de huevos y las bandejas que suelen contener piezas de carne, pescado, verduras o fruta. Tampoco podrán utilizarse los rellenos de poliestireno empleados como material de embalaje. La prohibición afectará a restaurantes, establecimientos de comida rápida, cafeterías, tiendas de delicatesen, cafés, colmados, supermercados y camiones y carritos expendedores callejeros.

 

Nuevas bandejas compostables deberán sustituir a las de poliestireno. El Departamento de Medio Ambiente empezará a distribuirlas a partir del 1 de mayo, y desde el mes de septiembre, con el inicio del nuevo curso, todas las comidas en los centros escolares (que emplean nada menos que 830.000 bandejas diarias) deberán servirse en envases biodegradables.

Las organizaciones sin ánimo de lucro o las empresas pequeñas, con menos de medio millón de dólares de ingresos anuales (unos 443.000 euros), podrán solicitar a partir de marzo una exención temporal del cumplimiento de la norma si demuestran que la misma les puede causar excesivas complicaciones financieras. Durante los seis primeros meses de vigencia de la normativa, los infractores serán solamente apercibidos. A partir del 1 de enero de 2016, empezarán a imponerse sanciones económicas.